La edil Alba García ha explicado que “el Ayuntamiento cuenta con una nueva ordenanza municipal que regula los derechos y obligaciones de las personas beneficiarias de estas prestaciones”
La concejala de Bienestar Social, Alba García, ha dado a conocer hoy la aprobación de un nuevo paquete de Prestaciones Económicas Individuales (PEIs) o ayudas de emergencia dirigido a 48 familias eldenses por una cuantía de 74.791 euros, con un total de 116 personas beneficiarias.
La edil ha recordado que “hasta ahora y a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda (IMSSE), a lo largo de 2021 hemos destinado a estas ayudas 495.620 euros para ayudar a 266 familias que están sufriendo las consecuencias de la pandemia y se han dirigido a los servicios sociales. El total de personas beneficiarias sumando todas las unidades familias es de unas 700 personas, pero en los meses que quedan seguiremos atendiendo peticiones, por lo que habrá más remesas de ayudas”.
Alba García también ha anunciado que “la ordenanza reguladora de estas prestaciones, que fue aprobado por el Pleno Municipal el pasado viernes, se publicará hoy mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOPA) para que las personas interesadas puedan presentar reclamaciones y sugerencias. Una vez transcurrido el plazo de 30 días quedará aprobada de manera definitiva y se publicará tanto en la página web como en el Portal de Transparencia para que la ciudadanía tenga acceso a ella”.
La concejala de Bienestar Social ha afirmado que “para el gobierno local es un gran paso contar con una ordenanza que recoge los derechos y obligaciones de las personas beneficiarias de estas ayudas. Establecemos unos módulos económicos que son bastante altos porque encontramos situaciones extremas provocadas por la pandemia. En la ordenanza queda reflejada la tipología de las prestaciones y también todos los requisitos para acceder a estas ayudas”.
García ha destacado que “en la ordenanza se da importancia a la valoración técnica con el diagnóstico y un plan personalizado de intervención social. Hay que destacar que el plazo máximo para resolver y notificar pasar de los 6 meses que establecía la anterior instrucción de la Generalitat a 3 meses”.
